El lobo ibérico (Canis lupus) ha quedado incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial desde este martes, 21 de septiembre, de modo que a partir de mañana su caza quedará prohibida en toda España, según recoge la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que publica el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno da así respuesta a “diferentes propuestas recibidas” por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico provenientes de particulares, organizaciones científicas y administraciones, incluyendo entre ellas al propio Ministerio que dirige Teresa Ribera.
Según recoge la orden ministerial que modifica el Catálogo de Especies, las solicitudes de iniciaciones del procedimiento recibidas, debidamente acompañadas de una argumentación científica, han sido en todos los casos sometidas al procedimiento especificado en el artículo 6 del citado Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. En concreto, la decisión se adoptó en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en una ajustada votación.
De este modo, se modifica tanto el listado (LESPRE) como el Catálogo Español de Especies Amenazadas, a raíz de la propuesta de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) para la inclusión de todas las poblaciones del Lobo (Canis lupus) presentes en España en el Catálogo en la categoría “Vulnerable”.
Hasta la fecha, la caza de lobo estaba permitida al norte del Duero, donde se encuentra en situación favorable, mientras que estaba prohibida al sur de este río, donde las poblaciones ya estaban incluidas en el LESPRE.
Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde habita el 95 por ciento de los ejemplares de la especie se han mostrado en contra de esta decisión y han anunciado que recurrirán esta decisión por vía judicial.
Recurso
La Junta de Castilla y León se ha mostrado “radicalmente en contra” de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), recurrirá la orden ministerial que lo hace efectivo y pedirá la suspensión cautelar de la eficacia de la misma, mientras que las organizaciones profesionales agrarias (OPA) ya han adelantado que se volverán a movilizar contra esta decisión que causa graves perjuicios a los ganaderos.
Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que el recurso contencioso administrativo se presentará en los próximos días en la Audiencia Nacional.
Suárez-Quiñones, quien ha participado en la inauguración de la Feria Expobiomasa en Valladolid, ha concretado que Castilla y León presentará su propio recurso pero lo hará en coordinación con las comunidades afectadas, mientras que Asturias, Cantabria y Galicia presentarán su propio escrito.
“Y trataremos de lograr la suspensión de la eficacia porque al día siguiente de la eficacia de esta orden ya se están produciendo daños y perjuicios a la Comunidad”, ha añadido.
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