La Junta de Castilla y León ha llevado a cabo casi 2.900 inspecciones y comprobaciones en residencias desde el inicio de la pandemia por parte de 91 profesionales dedicados a ello, lo que ha supuesto un “considerable incremento” de la dotación de personal en este ámbito.
Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en el marco de su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para explicar los compromisos cumplidos en los dos primeros años de legislatura.
Blanco ha destacado que desde marzo de 2020 se realiza “un gran esfuerzo” en todos los ámbitos para paliar los efectos de la pandemia, especialmente en el ámbito de la atención residencial. En la Comunidad hay 1.214 centros residenciales y viviendas tuteladas, donde residen en la actualidad 43.140 personas mayores, personas dependientes y personas con discapacidad, ha recordado.
Uno de esos esfuerzos ha sido la citada labor inspectora y el incremento de personal en ese ámbito, que ha supuesto que en Castilla y León existiera una media de 17 residencias por cada trabajador de inspección, la cual, según una investigación de El País citada por la consejera, se encuentra muy por encima de otras comunidades (Asturias 39 residencias por cada inspector, Extremadura 32 o Aragón 25).
Esto conllevó una media de inspecciones en 2020 de 2,2 por residencia, también muy superior a otras comunidades autónomas ( en Extremadura la media de inspecciones por residencia fue de 0,1; en Aragón de 0,7, en la Comunidad Valenciana de 0,5; en Asturias de 1,6; y en Castilla La Mancha de 1,7).
Estas actuaciones se reforzaron durante las siguientes olas con mayores medidas preventivas, ha añadido Blanco, quien ha explicado que en noviembre de 2020 se analizaron 7.473 muestras de aguas residuales para la detección precoz del virus y desde el inicio de la pandemia se han repartido 75.000 test serológicos y 390.000 test de antígenos para el cribado de los centros.
PRIMERAS ACTUACIONES
La consejera ha recordado que las primeras actuaciones se iniciaron a finales de febrero, con medidas de información a todos los centros, mientras que el 11 de marzo ya se restringieron las visitas en las residencias de mayores, las cuales se endurecieron el día 13 y conllevaron el cierre de centros residenciales, puntos de encuentro familiar y la suspensión de los programas de conciliación, los itinerarios personalizados de inserción social.
“Medidas que se adoptaron un día antes al 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma”, ha subrayado la consejera, quien ha asegurado que desde entonces “el esfuerzo realizado en la lucha contra la pandemia ha sido inmenso y continuado”.
En este marco, se han elaborado 42 protocolos que han estado en permanente actualización y se han realizado más de 26.800 seguimientos telefónicos y visitas de técnicos y profesionales para atender las principales necesidades.
Blanco ha destacado la importancia de la puesta en marcha de un programa de información y seguimiento específico para conocer la situación de las residencias, que se ha ido actualizando y que ha proporcionado información “vital” para tomar decisiones.
La consejera ha explicado que “en muy pocos días” se vio la necesidad de contratar más personal y, a pesar de las dificultades, se adoptaron medidas excepcionales para la contratación o reincorporación de personal y durante 2020 se pudieron realizar casi 1.500 contratos de refuerzo y 1.119 de sustitución en centros de personas mayores y personas con discapacidad de la Gerencia de Servicios Sociales.
Asimismo, se llevaron a cabo tareas de asesoramiento, constitución de bolsas de empleo y reducción de trámites para la contratación de personal en los centros privados.
FALTA DE EPI
Otro de los grandes problemas, ha recordado, fue la disponibilidad de equipos de protección, de forma que durante los primeros días sólo se pudo contar con el stock que había en cada centro o residencia y no fue hasta el 22 de marzo cuando llegaron equipos. En total, se adquirieron para centros de la Gerencia 22,7 millones de unidades de este tipo de material, que también se distribuyó a centros privados y se aprobó la concesión de subvenciones destinadas a mejorar la protección de trabajadores y usuarios de los centros de atención social de personas mayores y de personas con discapacidad en Castilla y León.
Estas solicitudes se resolvieron en el último cuatrimestre de 2020 y el importe concedido fue de 615.876 euros para 94 entidades de atención a personas y 306 entidades de personas con discapacidad.
Posteriormente, en junio de 2020 se aprobó el Decreto Ley 5/2020, de medidas extraordinarias que deben adoptarse en los centros residenciales para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud, norma que obligó a los centros a la provisión de EPI, a contar con un Plan de Contingencia y a informar sobre la situación de los usuarios de servicios residenciales, entre otros aspectos.
A este respecto, ha incidido en que la transformación de los centros ha tenido que hacerse de manera “muy rápida” y algunas fueron “especialmente complejas”, lo que supuso que todos los gestores tuvieran que aprender y adaptarse a la nueva situación en muy poco tiempo.
“Sin duda, un papel crucial en esta transformación fueron las medidas de comprobación y control realizadas en los centros residenciales, cuya principal labor fue precisamente ayudar, informar y corregir en su caso”, ha agregado.
VACUNACIÓN
Por otro lado, la consejera ha apuntado que, “sin lugar a duda” el éxito en el proceso de vacunación de todos los centros residenciales marcó el punto de inflexión y permitió el levantamiento de muchas restricciones.
Así, ha recordado que en abril el 97,4 por ciento de los usuarios de residencias para personas mayores ya se encontraban vacunados y el 89,5 por ciento de los trabajadores de dichos centros, lo que permitió que desde ese mes pudieran reanudarse los ingresos en los centros residenciales y se suavizaran restricciones.
Precisamente como las vacunas son la mejor solución y dada la vulnerabilidad de las personas que viven en las residencias, la consejera considera que es necesaria la administración de una tercera dosis “a la mayor brevedad posible”, aunque “evidentemente” dependerá de la Estrategia Nacional de Vacunación que establezcan el Ministerio de Sanidad y la ponencia de vacunas.
Actualmente, ha afirmado, la situación en las residencias de mayores de la Comunidad está “controlada” y en claro descenso en cuanto a número de casos, situación que “nada tiene que ver” con olas anteriores a pesar de la gran incidencia que se ha registrado en la población general en esta quinta ola.
Según los últimos datos publicados por el Imserso, el índice de contagios ha sido del 2,5 por ciento de la población residente, la mayor parte de ellos leves o asintomáticos, y ha fallecido un 0,18 por ciento de los residentes.
Blanco ha recordado que cuando se declara un brote (con un sólo afectado, residente o trabajador), cada centro activa los protocolos correspondientes y ha agregado que se actualiza de manera continuada y en función de la situación epidemiológica la guía de actuaciones a desarrollar en las residencias, se efectúan pruebas a los residentes y al personal que regresa de vacaciones, así como a las nuevas incorporaciones.
Aun así es importante señalar que hay medidas que no se han podido adoptar, como la vacunación forzosa del personal que trabaja en estos centros, ha añadido la consejera, quien cree que la aprobación de una ley de pandemias permitiría que las comunidades autónomas contaran con un marco legal adecuado para seguir actuando en la dirección correcta.
