La colaboración entre administraciones es la “única manera” de conservar y recuperar el patrimonio histórico en peligro en la provincia, según se debatió en el último pleno de la Diputación
Están ahí desde hace siglos, integrados en el paisaje de nuestros pueblos. A menudo, pasan tan desapercibidos que ni siquiera se nota que su deterioro progresivo continúa avanzando, víctimas del paso del tiempo, el abandono y los desacuerdos entre sus herederos y las administraciones públicas que deberían velar por ellos.
Son los monumentos históricos en grave peligro de desaparición. Elementos de nuestro patrimonio inmueble que, en el mejor de los casos, al menos han conseguido ponerse en el foco de la organización Hispania Nostra, que mantiene al día su Lista Roja para movilizar a la sociedad civil y a las administraciones a fin de conseguir soluciones definitivas que impidan la pérdida de esos bienes.
En la provincia de Palencia, la Lista Roja tiene 84 monumentos. Dos más forman parte de la Lista Negra, es decir, aquellos que han desaparecido para siempre: el Monasterio-hospital de Santa María de las Tiendas en Ledigos, cuyos orígenes se remontaban al siglo XII y que en 2007 fue “derribado por sus propietarios con total impunidad”, según denuncia la organización en su web; y la torre de la central térmica de Velilla del Río Carrión, recogida por su valor como patrimonio industrial.
Tres monumentos, a debate
De entre los 84 monumentos de cuya desprotección alerta Hispania Nostra, tres de ellos, al menos, llegaron al debate político el pasado jueves, en el transcurso del Pleno ordinario de la Diputación de Palencia. Se trata del Convento de San Francisco de Carrión de los Condes, el castillo de Belmonte de Campos y la fortaleza de Villanueva de la Torre, si bien, hoy el alcalde de Barruelo de Santullán, Cristian Delgado, apuntó que este último elemento ya está restaurado y saldrá de la lista.
El diputado no adscrito Ricardo Carrancio (ex de Vox) formuló una pregunta al equipo de gobierno sobre la situación de estos tres elementos patrimoniales, preocupado “por el abandono que sufren” y citando su inclusión, precisamente, en la Lista Roja. Aunque lo cierto que el castillo de Belmonte de Campos ha salido del riesgo de peligro, por lo que Hispania Nostra lo ha tipificado dentro de su Lista Verde.
El Convento de San Francisco en Carrión de los Condes presenta un estado muy preocupante, según recalcó Carrancio en el pleno de la Diputación. Este cenobio fundado en el siglo XIII estaba situado extramuros y al sureste de la villa, junto al antiguo hospital municipal. Contaba con una casa de estudios y también era responsable de dos iglesias dentro de la villa, las parroquias de Santa María y de Santiago. Se vio muy afectado durante la guerra de la Independencia y fue reconstruido posteriormente. Con la desamortización de 1835, se abandonó y pasó a titularidad privada, con su posterior desmantelamiento para vender la sillería del siglo XVII. Muchas de sus obras se encuentran actualmente en el monasterio de Santa Clara. En 2005 el Ayuntamiento adquirió la iglesia para rehabilitarla, pero actualmente su estado sigue siendo de ruina. Está catalogado como Bien Protegido por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes.
Mejor suerte ha corrido el castillo de Belmonte de Campos, que si bien el diputado Ricardo Carrancio lo llevó al pleno, las mejoras ejecutadas en los últimos años gracias al impulso de su Ayuntamiento han conseguido sacarlo del riesgo e introducirlo en la Lista Verde desde el año 2021. Declarado Bien de Interés Cultural, se trata de una magnífica fortaleza construida entre finales del siglo XV y principios del XVI, se cree que por el mismo maestro que alzó castillos tan importantes como Fuensaldaña, Peñafiel o Torrelobatón, Gómez de Isla.
De planta rectangular y 20 metros de altura, en su interior contaba con cuatro alturas, aunque han desaparecido los forjados de madera de dos de ellas. La cuarta planta estaba cubierta por una bóveda de crucería y entre sus elementos destaca un balcón renacentista. En el año 2013, la lluvia y el viento derribaron el hastial situado junto al arco de entrada.
Después de años de litigios, el Ayuntamiento de Belmonte de Campos consiguió adquirir una parte de la propiedad y que la Junta de Castilla y León financiara las obras para corregir los problemas estructurales. Aunque está fuera de peligro, queda trabajo por hacer.
Recabar apoyo de otras instituciones
La presidenta, Ángeles Armisén, recordó que la Institución Provincial no tiene competencias en patrimonio, ya que estas corresponden a la Junta de Castilla y León, si bien la conservación de los monumentos palentinos “la consideramos un elemento esencial de desarrollo de la provincia”, aseguró, citando ejemplos como las dos villas romanas y las inversiones millonarias que se han realizado en ellas, con las actuales obras en La Tejada; el Castillo de Monzón de Campos, “elemento patrimonial para el que hemos conseguido esa financiación y vamos a avanzar en su puesta en valor y restauración”; o la apuesta por el proyecto Campos del Renacimiento.
“Tenemos un extensísimo y valioso patrimonio, pero eso no quiere decir que la Diputación tenga que acometer el 100% de las restauraciones, sino que intentamos aprovechar oportunidades de financiación, que a veces nos salen en el primer intento y otras no. Lo estudiaremos y veremos en qué condiciones podemos afrontarlo, que desde luego podría ser con la colaboración de otras administraciones, como el Estado o la Junta de Castilla y León”, se comprometió la presidenta.
Nueva legislación
Precisamente, Castilla y León cuenta con una nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que prevé la creación de un Censo del Patrimonio Cultural, lo que permitirá que, además de figuras de protección como el monumento BIC, se pueda crear un paso previo: el de Bien Inventariado. Un censo que la Dirección General de Patrimonio Cultural y el Servicio de Informática de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte están elaborando en la actualidad.
Al mismo tiempo, la nueva Ley reconoce el valor de la participación ciudadana, por lo que permite que cualquier persona o entidad informe sobre los bienes de los que tenga conocimiento y pueda promover acciones a favor de su conservación.
