“Un ataque a los bolsillos de los ciudadanos y a la autonomía municipal”
En una rueda de prensa celebrada hoy, los senadores del Partido Popular por Palencia, Jorge Martínez Antolín, Alfonso Polanco y María José Ortega, junto al secretario provincial, Luis Calderón, manifestaron su “rechazo rotundo” a la nueva tasa de residuos que entrará en vigor el próximo 10 de abril. Esta normativa obligará a todos los ayuntamientos a establecer una tasa que cubra el 100% del coste de la recogida y tratamiento de residuos, lo que, según los populares, repercutirá directamente en los bolsillos de los ciudadanos.
Los senadores criticaron al Gobierno de Pedro Sánchez, calificando la medida como un “nuevo ataque” a la autonomía municipal, al limitar la capacidad de los consistorios para decidir sobre su modelo de financiación del servicio. “Este ‘sanchazo’ obligará a los ayuntamientos a ajustar la tasa para cubrir el coste completo lo que implica un aumento “significativo” del recibo para los ciudadanos”, señalaron.
Asimismo, enfatizaron que la Directiva de Residuos de la Unión Europea no impone directamente la obligación de establecer esta tasa. “La norma europea no obliga a imponer esta tasa, sino que insta a trabajar en sistemas que permitan producir menos residuos y gestionar de manera más sostenible”, insistieron.
Desde el PP también expresaron su preocupación por la falta de información que ha proporcionado el Gobierno sobre la tasa, lo que ha generado inquietud entre los alcaldes. Alertaron sobre la posibilidad de un “caos tributario”, dado que la falta de claridad en la normativa podría llevar a diferentes interpretaciones por parte de los ayuntamientos.
Actualmente, la tasa media de basuras solo cubre el 60% del coste total de gestión de residuos en España, que asciende a 3.800 millones de euros. Los senadores advirtieron que la nueva normativa forzará a los consistorios a ajustar la tasa, lo que implicará un aumento “significativo” en el recibo para los ciudadanos.
Para hacer frente a esta situación, el Partido Popular ha anunciado su intención de presentar mociones en el Congreso, en el Senado y en los ayuntamientos para instar al Gobierno a derogar la obligatoriedad de la tasa de residuos. Además, exigieron un estudio detallado que defina el coste del servicio y la implementación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la economía circular, que apoye la creación de sistemas de tratamiento de residuos alineados con los objetivos europeos.
