El alto comisionado responde en un informe a la queja de Buenavista de Valdavia, avalada con 450 firmas

ICAL

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, propone que se garanticen por motivos geográficos oficinas bancarias de atención presencial y cajeros y que se declaren servicios económicos de interés general en determinadas operaciones bancarias, como la apertura de cuentas corrientes y cuentas de pago básico, que permiten a su titular el depósito de fondos o la retirada de efectivos.

Así lo recoge el alto comisionado en el informe ‘Retos de la inclusión financiera, servicios bancarios y personas vulnerables’ con el que responde a la queja recibida de la Asociación de vecinos de Buenavista de Valdavia, avalada por 450 firmas, tras el cierre de la única sucursal bancaria que había en el municipio.

También, informa a la Asociación que se han remitido las conclusiones a todas las autoridades competentes para que tomen medidas, entre ellas la modificación de la regulación de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios para que se aplique un régimen sancionador.

Es el colectivo vecinal quien informa hoy del expediente recibido del Defensor del Pueblo a raíz de su queja, recogido por Ical, en el que se recoge también que en determinados ámbitos por su geografía se garantice la existencia de oficinas presenciales y de cajeros.

Por otro lado, la Asociación vecinal agradece al grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León su apoyo ante la queja enviada por el cierre de la única sucursal bancaria en el municipio. Por último, explica que ha distribuido en el municipio una hoja informativa donde se informa a todos los vecinos de la respuesta del Defensor del Pueblo.

En línea con la respuesta del Defensor, las Cortes de Castilla y León aprobaron hace un año una resolución, a instancia del grupo UPL-Soria Ya, en la que reconocen el acceso a los servicios financieros como un servicio básico y esencial que debe garantizarse en todo el territorio autonómico e instan a la Junta a colaborar con todos los niveles de la Administración (local, provincial, autonómico, estatal y europeo) para la conservación y fomento de servicios financieros en el medio rural.

Además, en la misma PNL, se pide al Gobierno de España que establezca sistemas que promuevan medidas contra la desertificación financiera, especialmente en el medio rural y en los territorios con menores densidades poblacionales y fragmentación municipal, como es el caso de Castilla y León.