La Junta de Castilla y León aprobó hoy en la reunión del Consejo de Gobierno la nueva Relación de Puestos de Trabajo, que entrará en vigor el 1 de octubre
La Junta de Castilla y León aprobó hoy en la reunión del Consejo de Gobierno la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario, que está compuesta por 16.304 puestos, frente a los 17.792 de la anterior, puesto que se dan de alta un total de 1.823 y se amortizan 3.311. Su entrada en vigor se producirá el 1 de octubre con el objetivo de mejorar los servicios públicos prestados a los ciudadanos.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, compareció este jueves para explicar los detalles de la nueva RPT que recoge 13 acuerdos, uno por consejería, a los que se une el Ecyl, Sacyl y la Gerencia de Servicios Sociales. Este instrumento define los puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración General de la Comunidad, adaptándolos a las prioridades del servicio público, a las demandas de la ciudadanía y la necesidad de promover la ocupación efectiva de los puestos de difícil cobertura, informa Ical.
Personal de otras administraciones
La nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) abre la puerta a cubrir puestos en pequeños municipios por personal de otras administraciones públicas.
La nueva RPT, según explicó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, también contempla incentivos para las denominadas plazas ultraperiféricas, que suman un total de 1.964 y que se reparten en 174 localidades, aquellas menores de 5.000 habitantes y ubicadas a más de 50 kilómetros de municipios de más de 20.000 habitantes.
Además, también tendrán una consideración especial los denominados puestos periféricos, todos aquellos ubicados fuera de las capitales de provincia. Las ventajas para ambos tipos de puestos sean más atractivo y puedan ser cubiertos con más facilidad pasan el incremento del complemento específico en un punto, el establecimiento de condiciones especiales de teletrabajo y la posibilidad de cubrir estos puestos con funcionarios de otras administraciones, como pueden ser empleados municipales o funcionarios de comunidades autónomas limítrofes.
La nueva RPT, que supone la mejora retributiva de dos de cada tres plazas, está compuesta por 16.304 puestos, frente a los 17.792 de la anterior, puesto que se dan de alta un total de 1.823 y se amortizan 3.311. Su entrada en vigor se producirá el 1 de octubre con el objetivo de mejorar los servicios públicos prestados a los ciudadanos.
Según Gago, excluyendo al personal de sanidad y educación, la Junta cuenta con 20.974 empleados públicos, de los 11.675 son funcionarios, que son los que se verán afectados por esta nueva RPT, mientras que el resto, son personal laboral.
En particular, la nueva norma determina el número de puestos de trabajo que existen, las características de cada uno de los puestos, el cuerpo o categoría al que debe pertenecer cada empleado público para cada puesto, y sus retribuciones. La nueva norma recoge 13 acuerdos, uno por consejería, a los que se une el Ecyl, Sacyl y la Gerencia de Servicios Sociales.
Esta norma, que según Gago era “necesaria” dado que la anterior databa de 1996, aunque se habían realizado modificaciones puntuales, se ha negociado con los sindicatos y se ha aprobado con los votos a favor de USCAL, la abstención de UGT y CSIF y en contra de CCOO y CGT.
Eficacia
Además, el consejero explicó la reducción en el número de puestos de personal funcionario de la Administración General se debe a tres circunstancias, relacionadas con la búsqueda de la eficiencia, la evolución de la sociedad, y la promoción del acceso al empleo público en la Administración Autonómica.
En primer lugar, se han suprimido aquellos puestos de trabajo que llevan vacantes durante un largo periodo de tiempo o que no se han ocupado nunca. Por otro lado, se han suprimido puestos que son prescindibles debido a que sus funciones asociadas ya no se acomodan a las necesidades reales del servicio público. Por último, se han suprimido puestos que no son atractivos para el empleado público, al tiempo que se han mejorado aquellos puestos que son necesarios para atender el servicio público.
Con la aprobación de la nueva RPT, según argumentó el consejero, se pretende atender con mayor eficacia las necesidades del servicio público, en función del volumen de demanda de los ciudadanos. También se adaptan los nuevos puestos de trabajo a la nueva estructura orgánica de las consejerías y los organismos autónomos, tanto a nivel central como en los servicios periféricos de las provincias.
701 millones de euros
La mejora en las condiciones de los puestos de trabajo aprobados hoy supondrá también una mayor inversión económica de la Junta. El cálculo de los costes de las RPTs se realiza desde un punto de vista teórico, considerando el resultado final si todos los puestos de trabajo fuesen cubiertos por funcionarios públicos, y sin tener en cuenta los diferentes complementos retributivos personales asociados a cada funcionario (antigüedad, carrera horizontal, gratificaciones extraordinarias o complemento de jornada dedicación especial).
De esta forma, el coste teórico anual de la RPT que ahora se deroga era de 698,4 millones de euros al año, mientras que el de la RPT que hoy se aprueba será de casi 701,8 millones de euros al año.
Por último, dentro de estas RPTs es destacable la reducción de puestos provistos a través de concurso específico: en la anterior RPT había 1.366 (un 8,25 por ciento de todos los puestos de concurso), y en la nueva hay 726 (un 4,81 por ciento). Es decir, 640 puestos menos. Además, en el apartado de puestos a cubrir por libre designación, se pasa de 419 puestos (un 2,35 por ciento del total) a 369 (un 2,26 por ciento), es decir, 50 puestos menos.
La RPT que ha estado en vigor hasta hoy deviene de la anulación efectuada por diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pronunciadas contra las diferentes RPTs que se han intentado aprobar, a causa de la aplicación de un instrumento jurídico específico conocido como el catálogo de puestos tipo, cuyo objetivo era el de homogeneizar las características de las plazas similares en el conjunto de todas las consejerías y organismos autónomos.
La anulación de este catálogo por sentencia del TSJ impidió sacar adelante dichas RPTs en dos ocasiones: la primera, en 2018, cuando el Tribunal consideró que dicho catálogo tendría que haber sido aprobado mediante una norma con rango de decreto, en lugar de por Acuerdo; y la segunda, en 2019, por un defecto formal producido por la ausencia de informe del Consejo Consultivo al Decreto por el que se aprobaba el catálogo de puestos tipo.
A causa de estas dos sentencias judiciales, en 2020 se procedió a modificar la Ley de la Función Pública de Castilla y León mediante decreto-ley, con la finalidad de derogar la existencia del instrumento jurídico del catálogo de puestos tipo. En consecuencia, las RPTs aprobadas hoy garantizan seguridad jurídica a todos los empleados públicos afectados, al mismo tiempo que adaptan, tras años de procedimiento administrativo y de negociación con los representantes sindicales, las prioridades del servicio público a las demandas de la ciudadanía, lo cual era, y seguirá siendo, una auténtica prioridad de esta Administración.
Críticas del PSOE
El PSOE rechaza la nueva RPT, que no gusta “a casi nadie” al amortizar 3.311 puestos repartidos en todas las consejerías
La socialista Yolanda Sacristán pide cambios en la política de personal y advierte de que en 15 años se jubilará el 48 por ciento de los efectivos
ICAL
La portavoz socialista en Función Pública, Yolanda Sacristán, cuestionó hoy la previsible aprobación este jueves, en el Consejo de Gobierno de la Junta, de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “sin que guste a todos” los sindicatos del Consejo de Fundación Pública o “más bien a casi nadie”, al amortizar 3.311 puestos repartidos en todas las consejerías. “Mañueco no considera necesario tener más personal”, dijo la portavoz socialista, quien además señaló que no se cubren las bajas o jubilaciones y se ofrecen las “peores” condiciones laborales y económicas del país.
En una comparecencia en las Cortes, Sacristán arremetió contra la política de personal de la Junta, que aseguró se basa en el “desmantelamiento progresivo” de los servicios públicos, debido a los “recortes” acumulados desde 2008, las “privatizaciones”, la falta de reposición de efectivos y el “adelgazamiento” de la administración, lo que supone “más carga de trabajo” para los empleados públicos. Además, advirtió de que en 15 años desaparecerá el 48 por ciento de las plantillas al alcanzar la edad de jubilación.
De esta forma, señaló que la Junta se niega a modificar el decreto que regula las bolsas de empleo, lo que les obliga a acudir a las oficinas de Empleo para contratar personal lo que para ella configura un “sistema ”opaco” y “falto de transparencia”. También señaló no se han convocado los procesos selectivos todavía de las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023 y sólo cinco, de 29, de la de 2021. Además, señaló que los concursos de traslados están “paralizadas” y recordó que sigue “pendiente” la nueva ley de función pública, 17 años después de aprobarse la última.
En ese sentido, Yolanda Sacristán pidió al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que “no estaría de más” que se pusiera “las pilas” y presentará ya el proyecto de ley, que recordó prometieron sus predecesores Ángel Ibáñez y Jesús Julio Carnero. Además, le recordó que el Gobierno de España ha presentado también el anteproyecto de ley de función pública. De la misma forma, demandó a la Junta que desarrolle las dos leyes básicas de agentes medioambientales y bomberos forestales y reconozcan esta última figura para preservar el patrimonio natural de la Comunidad.
