En un comunicado afirman que no se ha procedido a la “expulsión por la fuerza” de José Ceacero ni de Pablo de Rojas, de cuya jurisdicción se “apartan” y afirman caminar “libres y solas en defensa de la fe católica”
Las exmonjas del monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) afirmaron hoy a través de un comunicado en sus redes sociales que en la presente situación “no reconocen autoridad alguna a nadie más que a los Tribunales de Justicia para ordenar su desalojo”. Protestan así por las “amenazas al recurso de la fuerza pública” para su desahucio, y añaden que esto solo cabría “si se acompaña de una resolución judicial” contra ellas que, tal y como apuntan, “habría de ser por nosotras incumplida en período de ejecución voluntaria”.
En este documento, firmado por las diez monjas excomulgadas, afirman que “no se ha procedido a la expulsión de nadie de sus instalaciones por la fuerza”, en referencia a las informaciones conocidas hoy acerca de la salida del monasterio del excomulgado Pablo de Rojas y el cura coctelero José Ceacero. “Solo se ha comunicado nuestro deseo al señor don Pablo de Rojas, de cuya jurisdicción nos apartamos, al señor José Ceacero para que abandonasen el convento, actuando ambos de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción por parte de las abajo firmantes ni de ninguna otra persona, de manera que a día de hoy caminamos libres y solas en defensa de la fe católica”, afirman en el escrito publicado hace pocos minutos.
Asimismo, en el escrito salen al paso de las “acusaciones sobre una supuesta trama inmobiliaria”, que tildan de “ridículas”, salvo que esta sea entendida como “la suma aritmética de los conventos de los que se nos pretende echar hasta las puertas de la misma calle, sin recursos y sin alternativa habitacional”, señalan, a la vez que recuerdan que sus cuentas corriente- cuyos saldos se conocen-, así como sus nóminas, han sido intervenidas. “Nos han dejado sin poder atender los pagos de los proveedores de materia prima para nuestros dulces, no podemos acceder a nuestras propias notificaciones, etcétera”, indican.
“Entendemos que debemos defender nuestra condición de legítimos poseedores del inmueble, que exhiben título de propiedad suficiente sobre el Monasterio adscrito a la actividad desempeñada en el mismo, sin que su parte se haya aclarado de qué forma la naturaleza administrativa de su comisario desvirtúa nuestro título o a quién se supone que va a adscribir el inmueble el órgano correspondiente sin incurrir en su libre asignación”, continúan en el escrito.
Asimismo, señalan que el Monasterio de Belorado “consta inmatriculado en el Registro de la Propiedad en virtud de un documento privado de 1969 que confiere el cien por cien de su pleno dominio a la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, sin que conste mayor condición o carga añadida”.
Añaden además que la comunidad de religiosas clarisas de Belorado “ha venido desempeñando la actividad que le es propia y legítima en el Monasterio, debidamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio, regida por el Derecho Canónico y por sus Estatutos y expresándose formalmente a través de los órganos correspondientes (abadesa, vicaria y discretas)”.
“Decidimos separarnos de la iglesia conciliar en un clima conflictivo y por amor a la verdad católica, preservando y secularizando la actividad vitalicia a la que estamos consagradas y que llevamos a cabo en el monasterio, presentando instancia para otorgar naturaleza civil a nuestra labor sin el menor animo especulativo, pues nuestro patrimonio está ligado de forma vitalicia a la labor que desempeñamos”, continúan.
“Entendiendo que se trata de una cuestión puramente jurídica todo lo relativo a la titularidad de los bienes y de nuestra actividad, y que la misma deberá ser discutida en la jurisdicción civil, y no ante la autoridad eclesiástica”, las exmonjas afirman no entender que “se aireen saldos en cuentas corrientes” o se realicen “declaraciones grandilocuentes tratando de crear una opinión publica en nuestra contra”. Añaden así que la presente situación, en defecto de acuerdo, “deberá ser dirimida por los Juzgados y Tribunales correspondientes”.
Finalizan su escrito indicando que el pasado viernes confirieron “encargo profesional a una Comisión profesionalizada” para “dar una solución extrajudicial” a este conflicto “que satisfaga a todas las partes y que evite tanto la presente situación como la judialización del asunto”, un ofrecimiento que vuelven a reiterar en este escrito.
