El sindicato denunció por tratarse de una “medida de castigo y represión” por su actividad sindical en la empresa
ICAL
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la empresa Giresa, responsable del matadero de Palencia, a restituir en su lugar de trabajo original a la representante sindical de CCOO a la que trasladó de departamento “de manera injustificada y como medida de presión para que dejara de desempeñar sus funciones sindicales de defensa de los trabajadores”.
María Ángeles Hernández pasó de trabajar en la lavandería a ocuparse de las cuadras “sin ningún tipo de motivo y de un día para otro”. Tal y como se recoge en la sentencia, la trabajadora fue trasladada a las cuadras para desempeñar labores de limpieza de alcantarillas, de retirada de estiércol o como encargada de introducir el ganado en las instalaciones.
Una sentencia que, el propio sindicato, ha calificado como “muy importante” ya que confían en que “sirva de ejemplo para otros empresarios que quieran utilizar medidas de presión contra los representantes sindicales por el único motivo de serlos y como medida disuasoria”.
Sentencia no firme
Tras la publicación de la sentencia, está previsto que el próximo día 2 de mayo la afectada se incorpore a su puesto original. Sin embargo, confiesa que “no tiene la seguridad de que la empresa acate la sentencia” ya que de momento, no es firme y cabe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Desde CCOO recuerdan que Hernández lleva más de 15 años trabajando en el matadero de Palencia “sin ningún tipo de problema”. Todo cambió, dicen, cuando en el año 2019 decidió encabezar de lista del sindicato. “Fue a partir de ese momento, cuando comenzaron los “actos de acoso” por parte de la dirección con el único objetivo de que “abandonara sus funciones”. Tras la celebración de una nueva convocatoria de elecciones este pasado mes de mayo, “los problemas y las coacciones se intensificaron”. Tanto así, que varios trabajadores decidieron abandonar y dejar la organización sindical.
CCOO reconoce lo complicado que sido demostrar lo ocurrido ya que muchos compañeros de la mujer se negaron a declarar por miedo a “posibles represalias”.
