Aseguran que la mayoría de los residentes en la Comunidad tienen un elevado grado de dependencia y requieren numerosos cuidados de enfermeras y de fisioterapeutas
El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León muestra su decepción ante la ley aprobada ayer en las Cortes autonómicas que regula el nuevo modelo de residencias de personas mayores y con discapacidad porque no garantiza la obligatoriedad de que estos centros cuenten con profesionales sanitarios suficientes para atender las necesidades asistenciales de los residentes, que, no hay que olvidar, tienen, en su mayoría, un elevado grado de dependencia y requieren numerosos cuidados enfermeros y de fisioterapia.
SATSE lamenta la oportunidad que la Junta de Castilla y León ha perdido de establecer un marco concreto que atienda la principal necesidad de estos centros y no solo una declaración de intenciones: contar con suficientes profesionales para hacer frente a las cuantiosas demandas de asistencia que presentan los residentes de los centros de mayores y de personas con discapacidad.
SATSE critica que no contar con profesionales sanitarios suficientes, como son las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, en los centros residenciales tiene consecuencias negativas para la asistencia sociosanitaria, ya que disminuirá la garantía de calidad en dicha asistencia.
El Sindicato de Enfermería alerta de que las enfermeras y fisioterapeutas son trabajadores esenciales y absolutamente necesarios para la realización de determinadas actividades y técnicas específicas que se llevan a cabo en centros residenciales, como la administración de medicación, la realización de curas, los cuidados y cambios de sondajes y la valoración y cuidados integrales al anciano residente. Estas actividades, advierte SATSE, no pueden ser realizadas por trabajadores que no cuentan con formación ni competencias legales para ello.
SATSE se muestra preocupado porque no se haya establecido por ley ese mínimo de profesionales y que esto obedezca a que existe un nulo interés en que las residencias cuenten con los profesionales que realmente precisan y que, en el fondo, el objetivo sea favorecer los intereses de las empresas privadas al eliminar la obligatoriedad de contar en su plantilla con profesionales sanitarios derivando toda la atención sanitaria a los Equipos de Atención Primaria de SACYL.
La realidad es que ya hoy, los centros residenciales de Castilla y León están bajo mínimos de profesionales como las enfermeras y fisioterapeutas, con residencias en las que apenas hay una enfermera por turno para cerca de 300 residentes muy dependientes (con varias dolencias crónicas, pluripatologías, etc.).
Además de eso, es necesario que se mencione específicamente a las enfermeras especialistas en Geriatría, una figura totalmente desaparecida de esta nueva ley, cuando son los profesionales especializados en el cuidado de las personas de edad avanzada. Esto significa que se prescinde del avance asistencial que supone contar con profesionales cada vez más especializados para ofrecer mejores cuidados.
SATSE envió alegaciones al anteproyecto de ley, al presidente de la Junta, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno autonómico y a los diferentes grupos políticos en las Cortes regionales. Estas alegaciones también se añadieron al Espacio de Participación de Gobierno Abierto de la Junta.
En dichas alegaciones en 2021, el Sindicato de Enfermería resaltaba que en nuestra comunidad el 25% de la población tiene más de 65 años, alcanzando más de 80 años el 9% de la misma.
También argumentaba que, en España, en general, y en Castilla y León en particular, las personas que viven en una residencia tienen reconocido un grado de dependencia II-III, ya que culturalmente, y a diferencia de los países nórdicos, la persona mayor procura mantenerse en su domicilio mientras puede mantener su autonomía y cubrir sus necesidades.
Uno de los argumentos más utilizados por las empresas privadas del ámbito sociosanitario es que las residencias no son hospitales, y realmente no lo son, pero las residencias de mayores tienen que reunir unos requisitos mínimos que aseguren que los residentes van a tener cubiertas sus necesidades mediante la atención prestada por personal adecuadamente preparado y formado para ello.
Intereses privados
SATSE Castilla y León critica que la Junta sólo quiera favorecer los intereses privados sin tener en cuenta a su población, en un momento en que es sabido que hay numerosos fondos de inversión interesados en entrar en el negocio de las residencias de mayores y personas con dependencia.
Por eso mismo, SATSE exige a la Junta de Castilla y León que el desarrollo de la ley tenga en cuenta todas estas cuestiones porque, de lo contrario, la nueva normativa en nada beneficiará a la población mayor y con dependencia de la Comunidad y servirá solo para atender intereses que nada tienen que ver con el interés público.
