El TSJCyL ha reclamado dicho expediente al Ayuntamiento de la capital
Recientemente ha salido a la luz que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reclamado al Ayuntamiento de Palencia el informe que la alcaldesa solicitó a la Secretaría con el fin de dilucidar si existía o no la posibilidad de posicionarse en contra de la aprobación del proyecto urbanístico de construcción conocido como PERI-5.
El edil de IU-Podemos, Rodrigo San Martín recuerda en una nota de prensa que “el concejal de Urbanismo se pronunció en un programa de radio afirmando que se pondría en disposición de la ciudadanía y de la prensa dicho informe; sin embargo, ello nunca ocurrió y no solamente no se compartió dicha información con la ciudad y la prensa sino que ni siquiera ese informe fue incluido en los expedientes que los grupos municipales examinan para informarse de cara a las votaciones que luego se realizan en los plenos municipales”.
Fue entonces cuando San Martín, “al ver que se había ocultado un informe que se prometió compartir por parte del equipo de Gobierno del PSOE y que éste ni siquiera figuraba en los expedientes, decidió interponer un recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno de 21 de septiembre de 2023, de aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior, PERI-5 alegando que se habían vulnerado sus derechos políticos como concejal de la corporación” al habérsele negado su derecho a la información de los asuntos municipales “por haber ocultado un informe” que, en palabras de San Martín “contenía información especialmente relevante e influyente a la hora de tomar una decisión en la votación de aprobación del PERI-5”.
El portavoz de Izquierda Unida-Podemos añade que: “en el Pleno ordinario de diciembre de 2023 se llevó en el orden del día la propuesta de desestimación del recurso que interpuse y todos los miembros de la corporación votaron a favor de desestimarlo, algo que me sorprendió en el momento y ahora finalmente la justicia ha reclamado ese informe porque desde Izquierda Unida teníamos razón, ese documento debía ser compartido. El PSOE tendría que cuidar el deber que tienen las administraciones públicas de información, publicidad y transparencia con respecto a la ciudadanía y los demás grupos políticos”.
