El Gobierno equipara a nivel nacional las condiciones de 26.000 bomberos forestales y agentes medioambientales

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de hoy los estatutos básicos para los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales, que pretende mejorar y equiparar a nivel nacional las condiciones de trabajo de 26.000 profesionales y que decayeron con la convocatoria de elecciones.

Así lo anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a dicha reunión, en la que precisó que se trata de dos proyectos “importantes” que el Gobierno remite al Congreso de los Diputados para su tramitación “urgente” y que, a su juicio, “hacen justicia” con dos colectivos que juzgó “capitales” y cuya regulación se remonta a la Ley de Montes del siglo XIX” y que, a partir de la configuración del estado autonómico, “fue contando con respuestas específicas” en cada región.

A su entender, “se hacía imprescindible poder disponer de unas pautas básicas comunes con respecto a los criterios relativos a sus condiciones laborales, las cualificaciones profesionales, las condiciones en las que prevenir riesgos y la manera en la que se pueda contar con un régimen básico común en todo el territorio”.

“Es imprescindible estar preparados los 365 días del año en materia de incendios, en prevención, en capacidad de reacción”, abundó, para resaltar que éstos “desgraciadamente cada vez son más frecuentes a lo largo del año” y se dan con mayor “virulencia”.

En este contexto abogó por “seguir avanzando en la enorme profesionalidad de los trabajadores de este sector”, consciente de la necesidad de “contar” con los agentes ambientales y forestales “los 365 días del año con un régimen nuevo que pueda ser reconocible en todo el territorio”, incluyendo aspectos como categorías profesionales, derechos laborales, coberturas y “condiciones comunes”.

En el caso de los bomberos forestales, la norma aplica a más de 20.000 personas y regula las condiciones en las que estos profesionales prestan un servicio que Ribera consideró “esencial”, como es la prevención y la extinción de incendios, consciente de que, aunque “su tarea más importante es la de destinar su actividad a las operaciones de extinción de incendios forestales”, al mismo tiempo y de forma “complementaria” desempeñan tareas de “prevención, vigilancia y detección” así como mantenimiento de infraestructuras, equipos e instalaciones para la prevención y extinción de incendios.

A su entender, las “modificaciones más importantes” que introduce este proyecto de ley responden a “dos reclamaciones que venían teniendo desde hace tiempo estas personas”, como es su régimen de jubilación para que el mismo se “asimile” al de los bomberos urbanos.

“Son bomberos forestales, pero el desempeño de sus funciones y, en su caso, la posibilidad de contar con una jubilación anticipada debe ser equiparable al del resto de los bomberos”, espetó.

En paralelo, hizo referencia a una segunda modificación que estimó “también importante para ellos” como es el poder acceder a una segunda actividad “siempre que, con arreglo a un dictamen médico, tengan disminuida su capacidad para prestar el servicio ordinario y, sin embargo, no se encuentran en una situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez”.

“En todo caso, la norma prevé la aprobación de un reglamento específico que tenga en consideración la exposición de riesgos especiales que tienen estos colectivos, el tipo de accidentes laborales que pueden sufrir o las enfermedades profesionales específicas de este colectivo como consecuencia del desempeño de sus funciones”.

Agentes forestales

Junto a ello, Ribera explicó que la segunda norma que el Gobierno remite a la Cámara Baja tiene como objetivo “ofrecer” un estatuto básico para los alrededor de 6.000 agentes forestales y medioambientales que hay en España, convencida de que resulta “importante poder contar con un marco básico que regule las funciones que desempeñan, las categorías profesionales o las condiciones de acceso” a las tareas que desempeñan, entre las que destacó tanto las de “custodia y vigilancia” ambiental o “apoyo” a la gestión ambiental en el territorio, entre otras.

“Los agentes forestales y medioambientales son considerados policía administrativa especial, Policía Judicial en sentido genérico”, agregó, para señalar que, en virtud de la norma, se introducen “modificaciones” en los reglamentos generales de vehículos y de circulación para poder otorgar a los vehículos oficiales de los agentes forestales y medioambientales la consideración de “vehículo prioritario de policía administrativa especial y de emergencias”.

Esto es, para facilitarles que puedan contar “con los medios que se consideran imprescindibles para la buena gestión de sus tareas y que sean reconocibles por cualquier ciudadano”.

“Yo creo que con estas disposiciones cumplimos con uno de los objetivos y uno de los compromisos que este Gobierno quiso marcar desde el primer momento, un compromiso asumido desde el programa electoral pero también desde la voluntad de tener una relación entre administraciones y estos colectivos que ofrezca las condiciones que permitan no solamente ser reconocibles sino garantizar al máximo la dignidad en el ejercicio de las funciones tan importantes que desempeñan para la protección ambiental y, por tanto, la protección de los ciudadanos”, resolvió.