Los procuradores populares han dado a conocer las medidas que recoge el Pacto por las Familias y Personas Vulnerables de Castilla y León que atienden a los ingresos, inclusión residencial, educación, empleo para la inclusión y herramientas de interoperabilidad
La presidenta provincial del Partido Popular en Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por los parlamentarios regionales Mercedes Cófreces y Juan Jesús Blanco, ha detallado las medidas incluidas en el Pacto por las Familias y Personas Vulnerables de Castilla y León. “Este pacto, como tienen que ser los pactos sociales, los pactos con los ciudadanos, es fruto de la participación de un número elevado de entidades del tercer sector y ofrece medidas concretas que derivan precisamente de ese diálogo con la sociedad para luchar contra la vulnerabilidad y la exclusión social”, ha subrayado Armisén.
También ha destacado que, a diferencia de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, las medidas del PP “no son un peaje ideológico, sino que se basan en su efectividad”.
Este pacto social ofrece 56 medidas desglosadas en cinco ejes que “protegen tanto a las familias más vulnerables como a aquellas de clase media que puedan enfrentar dificultades económicas debido a la inflación, las subidas del IVA o el incremento del coste de la cesta de la compra como consecuencia de las nefastas políticas del Gobierno central”. Ha añadido la presidenta provincial del PP que “creemos en la política de este pacto, creemos en la política transparente, en la política de la participación y del cumplimiento de la palabra, porque somos el Partido Popular y este pacto social es un pacto para los palentinos y con los palentinos”.
Un compromiso con las familias y la sociedad
Los cinco bloques principales que atiende el pacto social hace referencia a garantizar ingresos suficientes para una vida digna, promover la inclusión residencial, asegurar la educación como herramienta de igualdad de oportunidades, fomentar el empleo inclusivo y mejorar la cooperación entre administraciones y el tercer sector.
El parlamentario Juan Jesús Blanco ha destacado como una de las iniciativas más destacadas la creación de un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía, ya que “hay que incentivar sobre todo la búsqueda de empleo y la escolarización. El empleo es la clave y, distintivamente, la escolarización y la educación también”. Además, se vincularán las ayudas de la Junta a la participación en programas de búsqueda de empleo y a la garantía de la escolarización infantil.
El pacto también contempla la solicitud al Gobierno central de la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Junta de Castilla y León, argumentando que la comunidad es referente en servicios sociales y puede optimizar su administración. Asimismo, se avanzará en la implementación de la Historia Social Única, una herramienta que permitirá a usuarios y profesionales acceder a un registro unificado de prestaciones, mejorando la coordinación y personalización de los servicios.
Vivienda y educación
En materia de vivienda, se garantizarán ayudas al alquiler para familias con ingresos entre 0,5 y 3 veces el IPREM, aplicando criterios de progresividad para que quienes menos tienen reciban más apoyo. Además, se pondrá en marcha el Programa Emprendedores, que ofrecerá viviendas públicas en alquiler en zonas rurales con dinamismo industrial o de servicios, donde la falta de vivienda puede frenar el desarrollo económico.
El pacto refuerza el compromiso con la educación, asegurando la gratuidad de los libros de texto, el comedor escolar y el programa Madrugadores para familias vulnerables. También se impulsarán medidas para reducir el absentismo escolar y mejorar el refuerzo educativo, ya que, según Blanco, “la educación es el mejor ascensor social”.
En el ámbito laboral, se potenciarán los itinerarios de inserción y la coordinación entre servicios sociales, educativos, de empleo y empresas, con el fin de mejorar la integración laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Además, se fomentará el empleo en empresas de inserción a través de líneas de ayuda para quienes contraten a personas en riesgo de exclusión social.
“Nosotros estamos defendiendo esas políticas, no como políticas ideológicas, sino las estamos defendiendo como una respuesta y un compromiso a la sociedad de Castilla y León, un compromiso político del Partido Popular y de su presidente”, ha añadido Cófreces quien además ha proporcionado algunos datos en materia de ayudas a los palentinos en el último año como ayudas a necesidades básicas para familias en situaciones de emergencia social, ha sido 1.133 beneficiarios en necesidades básicas y 176 ayudas al alquiler, el bono Concilia para familias con hijos menores de tres años con una dotación de 750 euros al año, en el último año han sido 973 familias beneficiarias, o en subvención a la vivienda, 1.200 concedidas en alquiler a la vivienda.
