Tribunales-Sanidad
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Sanidad y a su aseguradora a pagar más de 300.000 euros a la viuda e hijos de un paciente fallecido.
La víctima, de 61 años, sufrió una peritonitis secundaria a una perforación intestinal tras una intervención quirúrgica realizada el día 30 de agosto de 2017 para cierre de ileostomía en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Tras aquella cirugía, el paciente presentó dolor abdominal intenso en los días sucesivos, que precisó continuamente adelanto de analgesia y múltiples rescates con cloruro mórfico que no obstante no consiguieron aliviar del dolor.
A pesar de ello, no se consideró oportuno realizar TAC abdominal o cualquier otra prueba de imagen para comprobar que no se hubiera producido una complicación postquirúrgica, hasta que el día 4 de agosto,
quinto día del postoperatorio, el paciente entró en situación de shock.
Se decidió entonces intervención quirúrgica urgente en la que se constató la existencia de una peritonitis secundaria a una perforación en la zona intervenida, pero falleciendo al día siguiente por fallo multiorgánico tras shock séptico secundario a esta peritonitis muy evolucionada y con importante afectación.
La sentencia reprocha que durante los cinco días posteriores a la cirugía no se realizara “una mínima actividad dirigida a excluir las causas que motivaban el dolor, más allá de enmascararlo mediante el suministro de morfina”, según la información de la Asociación El Defensor del Paciente, recogidas por Europa Press.
Durante esos cinco días la perforación que se produjo durante la intervención quirúrgica fue abocando a la cavidad abdominal restos fecaloideos y material purulento, provocando una sepsis importantísima con afectación multiorgánica, que llevó a un fallo fulminante del paciente.
Un diagnóstico precoz de la perforación y la intervención quirúrgica urgente hubieran evitado las complicaciones secundarias a la peritonitis y, con ello, el fallecimiento del paciente.
Carmen Flores, presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ indica al respecto que “silenciar el dolor del paciente sin comprobar su causa es una práctica habitual en nuestros hospitales que, desgraciadamente, en ocasiones como ésta tiene gravísimas consecuencias”.
La defensa del caso ha sido tramitada por el letrado Santiago Díez Martínez, de SDS Legal, especialistas en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’.
