Vivienda adjudica una casa a 762 familias en riesgo de exclusión social de toda la comunidad, pero ninguna de Palencia
ICAL
La Junta de Castilla y León ha tenido que echar una mano a 2.390 propietarios de una vivienda protegida de titularidad pública, 267 de la provincia de Palencia, con una moratoria en el pago de la cuota mensual de la hipoteca o con una reestructuración de la deuda pendiente de amortizar durante los nueve primeros meses del año, un ejercicio marcado por las consecuencias de la guerra en Ucrania, que ha generado una elevada inflación.
Estas medidas, según la información de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio consultada por Ical, han supuesto un desembolso de 15,1 millones de euros para las arcas de la Comunidad. Además, la Comunidad ha adjudicado una casa a 762 familias en riesgo de exclusión social entre enero y septiembre, mediante una actuación singular, y le ha pagado el alquiler a otras 17, con un desembolso de 27.870,67 euros.
El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones aplica también este año el paquete de medidas urgentes en materia de vivienda, una batería de intervenciones que nació en la crisis económica anterior y que se ha ido prorrogando. De hecho, la última está vigente hasta el 20 de diciembre de 2023, por lo que no será hasta el año próximo cuando la Junta y los agentes del Diálogo Social valoren su continuidad.
En concreto, la Consejería responsable de las políticas de vivienda dictó 1.807 resoluciones por un total de 7,52 millones para facilitar una moratoria en el pago de la cuota mensual de viviendas protegidas de titularidad pública entre enero y septiembre. De estas peticiones, 378 se solicitaron desde Valladolid; 287 desde Zamora; 286 desde León, 211 desde Palencia. Le siguieron Ávila (159), Salamanca (146), Segovia (137), Burgos (109) y Soria (94).
En el mismo periodo, la Junta ha emitido 583 resoluciones favorables sobre la reestructuración de la deuda pendiente de amortizar, lo que ha supuesto un importe total de 7,6 millones. La mayoría se pidieron desde Valladolid (141) y León (125), seguidas de Ávila (95), Salamanca (71), Burgos (63), Palencia (56), Soria (28) y Zamora (cuatro). Desde Segovia ninguna persona recurrió a esta medida en los nueve primeros meses del año.
También se resolvieron 762 declaraciones de actuación singular, mediante las que se ha adjudicado una vivienda al mismo número de unidades familiares que habían sido calificadas por los servicios sociales “en riesgo de exclusión social”. Fueron 222 en Valladolid; 119 en Salamanca; 87 en León; 84 en Zamora; 53 en Burgos; 51 en Ávila; 41 en Segovia, y 16 en Soria.
Pago anticipado
Mejor le fue a 1.495 propietarios que se acogieron a la opción de amortización anticipada de su préstamo de VPO en ese 2022, si bien lo habían solicitado 1.629. Esto supuso 9,25 millones de euros, distribuidos entre las 117 peticiones concedidas de Ávila; las 145 de Burgos; las 197 de León; las 198 de Palencia; las 106 de Salamanca; las 172 de Segovia; las 135 de Soria; las 305 de Valladolid, y las 120 de Zamora.
Además, se resolvieron cuatro solicitudes para la compra de viviendas en arrendamiento y se aplicó un coeficiente reductor de 0,8 a los precios de las casas vendidas, a dos casas en Burgos; 54 en Palencia; diez en Salamanca; una en Segovia y 15 en Soria, lo que arroja un total de 82.
En cuanto a las viviendas protegidas, pero de titularidad privada, un total de 93 propietarios -82 en Burgos- adelantaron este año el pago de la cada antes de que hubiera transcurrido diez años. También se aceptaron 98 peticiones -86 en Valladolid- para alquilar la casa por motivos de movilidad laboral.
Además, la Consejería estima que 2.554 familias se han beneficiado de la flexibilización de los requisitos para la compra o alquiler por personas con ingresos hasta 6,5 veces el IPREM. También se han atendido 29 peticiones de adquisición de vivienda nueva sin cumplir las condiciones exigidas, pero a cambio de destinarlas al alquiler durante cinco años.
Finalmente, se concedieron 234 solicitudes para descalificar o reducir a diez años el régimen legal de protección de las viviendas nuevas sin vender. Destacan León (66), Salamanca (59), Ávila (41), Palencia (39), Soria (19), Zamora (siete) y Segovia (tres), mientras no registraron ninguna petición Burgos y Valladolid.
