Desde el PP de Palencia centran este sábado su campaña en la defensa del acceso de los ciudadanos a la vivienda y la lucha contra la ocupación ilegal
En esta cuenta atrás hacia el 23-J, los candidatos del Partido Popular de Palencia al Congreso y al Senado han realizado un repaso de sus propuestas en materia de vivienda. En este sentido, defienden una política “en positivo, que favorezca el acceso a la vivienda, con tres premisas: facilidades para los ciudadanos, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”.
Se trata de “todo lo contrario a lo que representa la Ley de vivienda puesta en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez” que, lejos de afrontar la problemática actual, crea nuevos focos de enfrentamiento social al favorecer la ocupación ilegal, defienden.
Por ello, el Partido Popular ofrece un Pacto de Estado sobre la vivienda, que implique también a las comunidades autónomas y a las entidades locales. El objetivo pasa por disponer de un parque de viviendas a precios más accesibles, y por impulsar el papel del alquiler.
De cara a los jóvenes, establecerán un programa de avales para que los menores de 35 años puedan acceder a un préstamo hipotecario de hasta el 95% del precio de compra de su vivienda habitual.
Otro aspecto para abaratar la vivienda consiste en movilizar el suelo de titularidad pública, para crear una auténtica “red pública de vivienda”, que preste especial atención a las fórmulas del alquiler.
Para conseguirlo, derogarán la Ley de vivienda aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, que “lejos de ofrecer soluciones, genera nuevos problemas”. El Partido Popular sustituirá este texto por una norma que defienda la propiedad privada frente a la ocupación y la delincuencia organizada vinculad a la ocupación de viviendas.
Entre las medidas que proponen, destaca la introducción de un paquete de medidas “anti-okupación” para que los desalojos se produzcan en un máximo de 24 horas. Este paquete incluye que los ocupas no puedan empadronarse en las viviendas; que los propietarios no afronten cargas tributarias mientras estén privados del acceso a su vivienda; o el impulso de una reforma del Código Penal para que el delito de usurpación (ocupación ilegal de vivienda no considerada como morada) se castigue con hasta tres años de cárcel, incluyendo una modalidad especial para los supuestos en los que la ocupación se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones.
