La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades inyectará 20 millones de euros para nuevas ayudas a la natalidad y el cuidado de hijos, al tiempo que aumentará un 123 por ciento los recursos de apoyo a las familias, hasta los 36,6 millones, dentro de los Presupuestos Generales para la Comunidad (PGC) de 2022.
Así lo ha explicado este jueves la consejera, Isabel Blanco, quien ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar las cuentas relativas a su área.
Integrado por 57 medidas dirigidas a 300.000 familias y con un impacto económico anual de 76 millones de euros, el Plan Familias fija cuatro prioridades como son el fomento de la natalidad, la conciliación, la educación y la vivienda.
En este campo tienen su encaje medidas como las nuevas ayudas para fomentar la natalidad; la reedición del Bono Concilia, que fija una subvención de 750 euros por hijo como apoyo a los gastos de conciliación; los programas Conciliamos (que dispone de 1,7 millones) y Crecemos (que aumenta el 13 por ciento hasta los cuatro millones) o el nuevo programa Canguros (financiado vía Acuerdo Marco).
También volverán a convocarse las ayudas para excedencia y reducción de jornada, con dos millones de euros, consolidándose el incremento presupuestario realizado este año, y se amplía a 1,4 millones, el 7,6 por ciento más, el crédito para los puntos de encuentro familiar con el reto de desarrollar el nuevo programa de intervención familiar en el medio rural. A este servicio se añadirá otro de nueva creación, los centros MediaCyL, para ofrecer apoyo a las familias en la prevención y resolución de sus conflictos. La inversión se cifra en dos millones de euros.
Por su parte, las ayudas de emergencia para combatir la pobreza energética gestionadas por las corporaciones locales se reforzarán con una aportación extra de la Junta de cuatro millones en 2022 y cuatro en 2023, complementadas con la ayuda extraordinaria y directa de 130 euros a las familias más vulnerables para afrontar la subida de la luz y el gas –que implica un desembolso de seis millones de euros y beneficiará a 45.000 familias–, los convenios con las compañías suministradoras para evitar los cortes de suministro y al incremento del 11,7 por ciento, hasta los 11,2 millones, en la partida consignada específicamente para impulsar la empleabilidad de personas en exclusión social.
PROTECCIÓN A LA INFANCIA
En lo relativo a la protección a la infancia, el montante que crece un 23,2 por ciento hasta sumar 74,8 millones de euros para combatir la desprotección a través de actuaciones e intervenciones de promoción y prevención, la protección de la infancia y la intervención con menores infractores.
La primera implicará el esfuerzo coordinado con las entidades firmantes del Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León, corporaciones locales y agentes del Tercer Sector, con las que la Junta trabajará de la mano, así como la aprobación y desarrollo de la futura estrategia autonómica para luchar contra pobreza en la infancia.
En el segundo campo, continuará la apuesta por el sistema de atención y protección a menores, que el pasado año prestó cobertura a más de 9.000. El programa de acogimiento familiar se dota con más de 660.000 euros, mientras se ultiman nuevos incentivos para estas familias solidarias, así como para las numerosas o monoparentales. De igual forma, se reservan 17 millones de euros, el 19,5 por ciento más que este año, para consolidar la red de centros específicos de protección a la infancia, así como la de atención a menores extranjeros no acompañados.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades acometerá también obras nuevas y de modernización en sus centros propios por valor de 5,7 millones, donde se incluye el inicio de la construcción de un nuevo centro residencial de menores en Salamanca (con 680.750 euros en la próxima anualidad), la reforma del Zambrana en Valladolid (con 10.000 euros iniciales) o la digitalización de los centros Gregorio Santiago, en Burgos (153.822 euros), Los Molinos de Tormes, en Salamanca (69.000 euros), y José Montero y La Alameda, en Valladolid (702.165 y 600.000 euros, respectivamente).
Al tercer vértice de la política de atención a la infancia, la intervención, se destinan cerca de 14 millones, más de la mitad para financiar plazas para la ejecución de medidas de convivencia. El resto permitirán el desarrollo de cuatro programas específicos para el tratamiento a menores maltratados y apoyo tras la adopción; la intervención en red, en particular, ante sospechas de violencia filioparental; la atención e intervención educativa sobre menores de 14 años que hayan podido delinquir; y la formación e inserción laboral de adolescentes provenientes de sistemas de protección.
JUVENTUD
Las políticas de juventud concentran 22,2 millones de euros, con un aumento del 11,6 por ciento, y se ejecutarán conforme al nuevo plan estratégico que se presentará “en breve” y consta de tres ejes: el fomento del empleo, la participación activa del tejido asociativo y la promoción del ocio y el tiempo libre.
Dentro del primero, destacan los programas formativos ya consolidados de la Escuela de Formación de Castilla y León; los talleres de oficio; los cursos de idiomas con titulación oficial y los de habilidades sociales y TIC; o los de emprendimiento. A ello hay que añadir los proyectos para fomentar la adquisición de una experiencia laboral mediante programas de movilidad como VivEuropa y Eurojoven.
El impulso a la participación se realizará a través del Consejo de la Juventud (que recibirá 570.000 euros), las asociaciones juveniles (160.000 euros) y el programa de corresponsales juveniles, al tiempo que se fomentarán las actividades de voluntariado por medio de los programas de Voluntariado Joven y Campos de Voluntariado.
La red de instalaciones juveniles se dota con cinco millones, de los que más de la mitad se emplearán en mejorar estas infraestructuras, entre ellas, los albergues de Navarredonda de Gredos, Arbejal y Espinosa de los Monteros y las residencias juveniles Doña Urraca, en Zamora, y Doña Sancha, en León.
En el eje de apoyo a las familias, la consejera ha enmarcado también las políticas de prevención y atención en drogas y adicciones sin sustancia, que cuentan con once millones de euros, un siete por ciento más que en 2021, que se ejecutan a través de las tres redes previstas en el VII Plan Regional sobre Drogas: de planes sobre drogas; de prevención familiar y de asistencia al drogodependiente, en las que participan entidades locales y del tercer sector.
Las actuaciones se centrarán en la prevención y en la asistencia e integración social del drogodependiente –a través de centros, servicios y programas que aglutinan casi 8 millones de presupuesto–. Junto a esto, se elaborará un nuevo plan de acción coordinada para detectar, prevenir y tratar las denominadas adicciones sin sustancia, como el juego patológico o la utilización problemática de internet y las redes sociales.
